La posibilidad de que todos los ciudadanos cuenten con mecanismos
ágiles, sencillos y flexibles para acceder a la justicia es un
supuesto fundamental en un Estado social de derecho. Esta necesidad se
acentúa en las familias con alguna persona en condición de
discapacidad, a las que frecuentemente se les niega el acceso a
servicios vitales para su dignidad y calidad de vida, tales como
salud, educación, transporte y trabajo. Lo anterior, en últimas
significa, actos de discriminación aceptados pasivamente por la
sociedad.
Para ello, es necesario realizar acciones de pedagogía con la
comunidad que permita pasar de un esquema de favores y asistencia, con
el que normalmente se entienden estos temas, a un enfoque de derechos
y deberes, donde la discapacidad sea entendida como una cuestión de
derechos humanos, y donde se entienda que la problemática es la
exclusión y la discriminación, y no la discapacidad.
Así mismo, debe contarse con equipos de funcionarios y abogados que
conozcan la manera como deben realizarse y aplicarse los derechos de
las personas con discapacidad, las entidades competentes y sus
obligaciones, así como los mecanismos de protección jurídica en caso
de violación y discriminación. La Convención de Derechos Humanos de
las personas con discapacidad de la ONU es un instrumento fundamental
para esta protección, y debe ser conocida, promovida y respetada por
todas las personas que buscan la igualdad y la justifica social.
A través de la alianza que hemos realizado con “Paciente al día”, la
Fundación Saldarriaga Concha quiere invitar a todos sus lectores a
hacer parte activa de una sociedad que entiende y valora la
diversidad, al mismo tiempo que respeta la dignidad y autonomía de
todas las personas con discapacidad en el país. En esa misma línea y a
través de la Estrategia de Acceso a la Justicia impulsada por la
Fundación, se pretende formar a equipos de funcionarios y abogados de
consultorios jurídicos, casas de justicia y organismos de control para
proteger efectivamente los derechos de las personas con discapacidad.
Es así, como en alianza con la Fundación para la Investigación y el
Desarrollo de la Educación Especial, FIDES, el Programa Paiis de la
Universidad de los Andes y varias facultades de derecho de reconocidas
universidades en todo el territorio nacional, se implementan Brigadas
Jurídicas en 7 ciudades de Colombia, para llevar servicios de asesoría
jurídica gratuitos a la comunidad con discapacidad.
Carolina Cuevas.
Gerente de Inversión Social.
Fundación Saldarriaga Concha.
Bogotá – Colombia.
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